OFICINAS VACIAS

Frente al hecho trascendente

Se nos duerme indiferente

y no sabe reaccionar;

Yo pienso

Si el que chilla no es quien ronca,

¡Por qué no armamos la bronca por algo fundamental...!

Tango de Eladia Blázquez

Las promesas desde el gobierno de promover el desarrollo de sistemas agroecológicos e instancias que protejan la salud de todos nosotros por los riesgos y daños que producen los pesticidas fueron muy esperanzadores.

Allá por 2006 surgía el IPAF Región Pampeana, INTA, punto focal de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología para promover la reflexión, discusión e intercambio científico de información sobre agroecología entre investigadores y docentes de Latinoamérica.

Hace un par de años, se lanzaba el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal, impulsado por el Estado, para convocar a todos los actores para que elaboren un Plan Estratégico a partir de una visión compartida de futuro.

El 19 de enero de 2009, la presidenta Cristina Fernández, ante los escándalos generados al develarse la toxicidad del glifosato, dictó el Decreto 21/2009 a través del cual creó la Comisión Nacional de Investigación para analizar la situación.

La Resolución 276/2010 publicada en B.O.16/02/10 del Ministerio de Salud de la Nación, creó el Programa de Prevención y Control de Intoxicación por Plaguicidas e instruyó para que todos los centros de salud cuenten con un registro de los casos de personas con sintomatología asimilable a la exposición a agrotóxicos.

Nadie fue, pero el poncho no aparece

Como se ve, puertas hay muchas, cada vez hay más. Pero la realidad es que detrás, o no hay nadie o hay una persona tapada de expedientes, papeles y demandas. O simplemente ni siquiera se creó la puerta. O peor: bajo el nombre tan prometedor, se reunen los mismos de siempre, para perpetuar el modelo de agricultura industrial de siempre, pero “haciendo de ver que no.”

Un añadido perverso del tema es que a esas nuevas áreas abiertas se arriman personas de buena voluntad las más de las veces, que entran confiados a participar de un proyecto prometedor, pero que al poco tiempo miran alrededor y se hallan solas, o con las manos atadas a la espalda, debiendo atender a los denunciantes, reclamantes o solicitantes con una sonrisa helada y una impotencia enorme. Y cargan en sus espaldas el descrédito público de no haber podido hacer nada.

En silencio, de a poquito, presenciamos como los municipios debilitan las áreas ambientales, quitándoles rango, personal o presupuesto, o vemos que se coquetea con degradar las oficinas provinciales de temas verdes a rangos inferiores.

No podemos creer ingenuamente que esta situación sea  una casualidad. Más bien es una estrategia para anunciar y abrir oficinas, programas, proyectos, en una cortina de humo verde que promete atender los reclamos y encaminar los sistemas productivos hacia otros menos letales para las personas y el ambiente, pero que a la hora de la acción, sólo consiste en  papeles y bonitas placas de bronce en las puertas solitarias. Gente desacreditada. Estadísticas y epidemiología ausente. Hospitales desbordados. Y mucha bronca.

Hace unos días, en la inauguración de las sesiones legislativas de la Provincia de Buenos Aires, el Sr. Gobernador dijo “Extenderemos a toda la Provincia la normativa que comenzó en Cañuelas e impone límites y cuidados acerca de dónde y cómo se aplican los pesticidas”.

Será más de lo mismo?

Verás que todo es mentira,

verás que nada es amor,

que al mundo nada le importa,

yira... yira...

Enrique Santos Discepolo

Las promesas del gobierno de promover el desarrollo de sistemas agroecológicos e instancias que protejan la salud de todos nosotros por los riesgos y daños que producen los pesticidas fueron muy esperanzadores.

Seguros ambientales

Las provincias de Catamarca y La Rioja comenzaron a aplicar los seguros ambientales obligatorios que fueron dispuestos por la Ley General de Ambiente 25.675.

Los gobiernos de Catamarca y La Rioja reglamentaron la implementación en sus jurisdicciones de la exigencia del Seguro Ambiental Obligatorio (SAO), en los términos establecidos por el Artículo 22 de la Ley General de Ambiente 25.675.

En consecuencia, sólo se aceptarán pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, para las compañías que acrediten capacidad y factibilidad operativa para realizar acciones de recomposición del ambiente dañado.

La obligación de contratar el SAO dispuesta por la mencionada Ley 25.675 rige para todo el país, aunque las diferentes jurisdicciones tienen la prerrogativa de dictar normas complementarias de los presupuestos mínimos dispuestos en la Ley, y en las Resoluciones de los organismos competentes.

De tal forma, las provincias de Catamarca y La Rioja se sumaron a las jurisdicciones que ya reglamentaron la exigencia y obligatoriedad del SAO, que incluyen a la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, la Administración de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y las provincias de Chubut y Tierra del Fuego.

Catamarca y La Rioja establecen que a fin de obtener las respectivas habilitaciones, permisos e inscripciones y declaraciones de impacto ambiental, los titulares o permisionarios de actividades riesgosas para el ambiente “deberán acreditar la contratación de un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición de daño ambiental que su actividad pudiera producir".

Asimismo, se establece que las autoridades provinciales también podrán exigir la cobertura del SAO a cualquier otro establecimiento y/o actividad con Nivel de Complejidad Ambiental de 14,5 en razón de consideraciones “sitio específicas” tales como vulnerabilidad del sitio de emplazamiento, antecedentes de desempeño ambiental, antigüedad y ubicación de depósitos de sustancias peligrosas u otros criterios de riesgo ambiental.